PER UN DEBAT ENTRE PROFESSIONALS SANITARIS CADA COP MÉS AMPLI, SERÈ I EFICIENT

dimecres, 7 de setembre de 2016

La cobertura sanitària després de l'última sentència del Tribunal Constitucional

Carlos Manuel García Marco, médico inspector seguridad social
Como es sabido, parte del Real Decreto Ley 16/2012 (RDL) ha quedado anulado tras esta sentencia del T. Constitucional, la cual confirma los recortes introducidos en la cobertura nacional e internacional del SNS (subida de copagos y autorización de residencia para acceder al título de derecho), al considerar que ambos aspectos son de configuración legal, al tiempo que suprime , por inconstitucional, el inciso que va entre paréntesis y en negrita :
  1. En aquellos casos en que no se cumpla ninguno de los supuestos anteriormente establecidos (que se refieren a  antecedentes de cotización a SS) , las personas de nacionalidad española o de algún Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza que residan en España y los extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio español, podrán ostentar la condición de asegurado. (siempre que acrediten que no superan el límite de ingresos determinado reglamentariamente)
Dado el galimatías jurídico de la nueva redacción, que en la práctica impedirá denegar cobertura a los pocos no cotizantes  que sobrepasaban el  límite declarado inconstitucional (100.000 €/año), cabe pensar que el  futuro Gobierno tendrá que adecuar dicha legislación básica del SNS. Lo que debería aprovecharse para reformar algunos aspectos de otras  coberturas que introducen cierta dualidad en el acceso al sistema sanitario :
– la cobertura pública de las mutualidades de  funcionarios (2,2 millones de personas), organizada al  margen de las Administraciones sanitarias  mediante contratos con seguros privados y cuyo régimen jurídico (incluido copago de recetas) fue declarado “intocable” tanto en la Ley 2011 de Salud Pública como por el RDL. Y ello, pese a que la Ley del Pacto de Toledo obliga a reestructurar sus recursos económicos, que se presupuestan como  “cotizaciones sociales” aunque van destinados a  una prestación no contributiva como la sanitaria
– la cobertura aseguradora privada, suplementaria a la que brinda el SNS (7,3 millones de personas), costeada por empresas privadas o públicas y por particulares, con ayuda de incentivos fiscales (exención del pago del impuesto por prima de seguro y de esta renta salarial en IRPF, y desgravación del gasto en impuesto de sociedades), que  suelen beneficiar a contribuyentes con mejor posición económica y edades más saludables.  
A este respecto hay que tener presente que según la última estadística de OCDE http://stats.oecd.org/Index , basada en datos de la Encuesta Europea de Salud 2014, España  contaba con  una cobertura pública del 99,1%, que se ha incrementado  respecto a 2011 (entonces el 99%), probablemente por la incorporación al SNS de buena parte de los   profesionales liberales antes excluidos (arquitectos, abogados, …) . Asimismo,  la OCDE constata que la población que duplica cobertura público-privada pasó del 13,3% en el  año 2011 al 15,6% en 2014, cifra a la que hay que añadir otro 1,6%  no contabilizado por OCDE pero que duplicaría cobertura pública en SNS y mutualidades (según se observa al comparar  los datos conjuntos y desglosados de ambas  en la  citada Encuesta – tabla 2171).
Así pues, el trato equitativo al conjunto de la población española exigiría corregir tales duplicidades en la cobertura pública y reorientar los incentivos fiscales por gastos privados  a complementar la débil cobertura SNS en prestaciones como las dentales u ópticas, que suponen un gasto elevado, en comparación con otros países de la OCDE, y aparentemente opaco al fisco. 
https://rafabravo.wordpress.com/2016/08/25/coberturas-sanitarias-tras-al-ultima-sentencia-del-tribunal-constitucional/

dijous, 1 de setembre de 2016

Baixar el preu dels medicaments: la lluita dels pobles contra el goliat de les multinacionals

  Que provoca aquests preus elevats de determinats medicaments? Doncs el sistema de patents, que l’OMC (Organització Mundial del Comerç) inclou en els tractats d’obligatori compliment per als països adherits a aquest organisme. I ho fa a través de l’anomenat Acord sobre els Aspectes dels Drets de Propietat Intel·lectual relacionat amb el Comerç (ADPIC), que força a reconèixer les patents dels productes químics i farmacèutics.
El sistema de patents es justifica com a instrument jurídic que serveix d’estímul econòmic per a la innovació, tot i que hi ha una gran opacitat sobre els costos reals de la producció de nous medicaments. Però més enllà del debat sobre el que val realment fer una medicina i si efectivament és un esperó per a la recerca (per saber-ne més, llegiu aquesta entrevista a Xavier Seuba, expert en propietat intel·lectual), el que generen les patents sobre productes farmacèutics és el monopoli sobre un medicament per part d’una multinacional i el conseqüent encariment del preu davant la inexistència de competència i de la impossibilitat de produir-ne genèrics, excepte per motius d’emergència que cal justificar.

http://www.elcritic.cat/blogs/lapitjorepidemia/


dimarts, 30 d’agost de 2016

La "gestió clínica" una valoració de la FADSP que no ha perdut actualitat




1)    La gestión clínica como concepto es decir como un mecanismo para asegurar una mejor utilización de los recursos disponibles de acuerdo con la evidencia científica, para favorecer la autonomía de gestión, mejorar la eficiencia del sistema sanitario y favorecer una mejora de la calidad de la atención sanitaria nos parece una idea positiva.
2)    La gestión clínica no precisa de cambios organizativos en el sistema sanitario porque lo esencial para su desarrollo es un cambio de la cultura organizativa que busque el compromiso diario de los profesionales sanitarios con el buen funcionamiento de la Sanidad Pública
3)    Para el buen funcionamiento de la Sanidad Pública es fundamental la integración de todos los recursos que intervienen en la atención sanitaria. Las Áreas de Salud en su diseño en la Ley General de Sanidad fueron un gran paso en este sentido por lo que deberían de recuperarse como marco geográficamente delimitado de integración de recursos. La gestión clínica entendida como competencia entre unidades favorece la desintegración del sistema sanitario, dificulta la cooperación entre servicios y niveles asistenciales, y es un paso que dificulta la eficiencia del conjunto del sistema sanitario.
4)    La participación social y profesional es un paso imprescindible para cualquier diseño organizativo del sistema sanitario público. No es de recibo que se contemple autonomía de gestión sin garantizar la participación social y profesional, porque la ciudadanía no puede ni debe ser responsable de los resultados de decisiones en las que no participa y porque es la propietaria del sistema sanitario público.
5)    Necesitamos una gestión profesionalizada que acabe con tantas interferencias de la política partidaria en la gestión sanitaria. Por eso reivindicamos desde hace mas de 20 años una formación MIR de gestión que permita tener profesionales de acreditada formación y cualificación para la gestión sanitaria.
6)    Rechazamos totalmente el que las unidades de gestión clínica tengan personalidad jurídica propia y mas aún la posibilidad de la presencia de capital e intereses privados en las mismas, y entendemos que se trata de medidas solo encaminadas hacia una privatización soterrada de la Sanidad Pública
7)    Igualmente entendemos que no existe ninguna justificación para que se produzcan cambios en el régimen estatutario de los trabajadores sanitarios, y que la laboralización que se propone es otra puerta abierta a la privatización del servicio sanitario.
8)     Los incentivos en la Sanidad Pública tienen muchos riesgos de convertirse en incentivos perversos, que han sido señalados anteriormente y en publicaciones de la FADSP http://www.fadsp.org/index.php/publicaciones?task=view&id=21&catid=55  . En todo caso estos pueden implantarse independientemente de que haya o no UGC, y  entendemos que deben cumplir los siguientes requisitos: 1) Ser un conjunto bien elaborado, sostenido en el tiempo y adaptado a las necesidades, tanto en términos financieros como de recursos humanos. 2) Tener en cuenta en su diseño las aportaciones de los principales interesados. 3)  Basarse en principios de transparencia, equidad y coherencia. 4) Adaptarse a la finalidad de la mejora de la salud de la población y de reforzamiento del sistema sanitario público. 5) Combinar los incentivos económicos con los no económicos. 6) Revisables periódicamente y evaluables, tanto en su impacto como en sus consecuencias. 7) Motivar al conjunto de los trabajadores sanitarios. y 8) Evitar la generación de conflictos de interés y/o éticos en relación a lo que se incentiva.
9)    La evaluación de cualquier transformación en la Sanidad Pública es absolutamente imprescindible, y eso exige transparencia y publicidad de los datos asistenciales, porque hay una tendencia de las administraciones sanitarias hacia una sistemática ocultación y manipulación de los datos que hace realmente imposible una evaluación pormenorizada de los resultados. Antes de avanzar habría que realizar una evaluación detallada de la situación del sistema sanitario (a nivel global y en cada comunidad autónoma) y evaluar de manera detallada los resultados de los experimentos y transformaciones realizados, tanto de las privatizaciones (concesiones, PFI, EBAs, etc) como de las UGC ya en funcionamiento.
10)  No es posible realizar transformaciones en profundidad si primero no se acaba con los recortes indiscriminados que están dañando seriamente la Sanidad Pública en su conjunto (13.000 millones € menos presupuestados en 2014 respecto a 2009), porque si no es así cualquier intento de poner en marcha la gestión clínica se convertirá en un sistema de gestionar la miseria y de anteponer los recortes sobre las necesidades de la salud de la población.
11)  Hay que recordar por fin que el principal problema para la mejora de la eficiencia y la calidad de la Sanidad Pública esta en conseguir potenciar la adherencia y el compromiso de sus trabajadores con el objetivo central del sistema sanitario, la salud de la población, porque ellos son los que hacen posible su funcionamiento y los que toman la mayoría de las decisiones realmente sustanciales para el mantenimiento de la calidad y la eficiencia. Se precisa una promoción de la ética y moral de los servidores públicos, de la identificación de estos con la salud de la ciudadanía, cuyo principal enemigo es la política privatizadora, por eso las amplias movilizaciones en defensa de la Sanidad Pública han hecho mas por hacer sostenible el Sistema Nacional de Salud que todos los “planes de sostenibilidad” de las autoridades sanitarias.

Propostes ambigües i insuficients al Acord entre PP i Ciutadans

  PP y Ciudadanos han hecho públicas las propuestas de su acuerdo “150 compromisos para mejorar España”, entre ellas se dedican 10 al Sistema Nacional de Salud, propuestas que son claramente insuficientes para abordar la situación de recortes y deterioro que ha sufrido la Sanidad Pública.
      Si entramos en el contenido concreto habría que decir:
    1.- Los puntos 48 (,transparencia), 49 (reconocimiento del trabajo de los profesionales), 50 (reparación personas afectadas por talidomida) y 51(mejora de la asistencia en zonas rurales), nos parecen bien, pero está por ver su desarrollo porque salvo el relativo a la transparencia son poco concretos.
    2.- El apartado 45 (creación de un fondo sanitario) y el 46 (recuperar progresivamente el gasto por habitante) son positivos pero el primero peca de insuficiente y el segundo parece imposible de conseguir si no se garantiza una financiación finalista de la Sanidad.
    3.- Los apartados 47 (listas de espera) y 52 (acceso a tecnología) son también genéricos e inconcretos pero podrían esconder el interés de favorecer una mayor privatización del sistema sanitario.
    4.- El apartado 53 (muerte digna) está bien pero no se entiende porque se elude el necesario debate sobre la eutanasia.
    5.- El apartado 44 (universalidad y copago) está bien como declaración de principios pero sigue ausente de concreción con lo que finalmente puede quedarse en mantener la situación actual o en un cambio (a mejor o incluso a peor), porque conviene no olvidar que ni PP ni Cs han defendido la cobertura universal y el acceso sin barreras económicas las prestaciones farmacéuticas.
     En resumen, propuestas ambiguas, abiertas a múltiples interpretaciones y desarrollos, e insuficientes para resolver los 5 problemas principales de nuestro sistema sanitario, que a nuestro entender son, las exclusiones sanitarias, una financiación insuficiente y no finalista, la privatización progresiva del sistema sanitario, los recortes en el sistema sanitario público y el excesivo gasto farmacéutico. Nuestra Sanidad Pública se merece una mayor atención y una rectificación de las nefastas políticas de los últimos años.
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
29 de agosto de 2016

http://www.fadsp.org/index.php/sample-sites/manifiestos/1292-unas-propuestas-ambiguas-e-insuficientes?platform=hootsuite

dijous, 4 d’agost de 2016

La evolución del Sistema de Salud británico. Un ejemplo a tratar de evitar a toda costa

 Del libro de Owen Jones podemos sacar algunos ejemplos sobre la mercantilización de los servicios de salud y su privatización así como la culpabilización respectiva entre conservadores y laboristas sobre las reformas efectuadas.  http://www.cambridge-news.co.uk/cambridgeshire-heart-shadow-health-secretary-andy-burnhams-freeze-nhs-contracts/story-22370732-detail/story.html
No obstante la última Ley de Sanidad y Servicios Sociales (que no afecta a Gales y Escocia que tienen transferidas las competencias en Sanidad), aprobada por la coalición conservadora actual tiene entre otras, una disposición que a los defensores de la sanidad pública catalana recuerda las palabras del  Conseller Comin..."autorizará a que instalaciones del NHS sean utilizadas por el sector privado". http://www.elmundo.es/elmundosalud/2012/03/21/noticias/1332354068.html
Una advertencia más a tener en cuenta en la preservación de la salud i de la gestión de la salud en nuestro país https://dempeusperlasalut.wordpress.com/2013/02/20/la-mala-salud-de-la-sanidad-britanica/

diumenge, 19 de juny de 2016

Manifest de la FADSP davant les properes eleccions generals

La repetición de las elecciones generales plantea serios interrogantes, tanto por el resultado como por la capacidad de los partidos que parece que van a obtener un número significativo de escaños para llegar a acuerdos de gobierno.

La experiencia de los gobiernos del Partido Popular,  a nivel central y autonómico  ha sido especialmente desastrosa para la Sanidad Pública, que ha sufrido un proceso sistemático de recortes, deterioro y privatizaciones que ha tensionado el sistema sanitario que pese a todo se mantiene gracias tanto a su potente organización pública como al esfuerzo de los profesionales que en el trabajan.

Aunque es cierto que se ha producido a partir de mayo de 2015 el cambio en 7 CCAA, y que en estas los nuevos gobiernos han mejorado la situación y paralizado las actuaciones más lesivas para la Sanidad Pública, no lo es menos que la política del Gobierno central, incluso en el periodo que estaba en funciones, ha sido boicotear estas actuaciones y poner todo tipo de trabas (por ejemplo el techo de gasto impuesto por el Ministerio de Hacienda).

También hay que ser conscientes de que existen serias amenazas sobre nuestro sistema sanitario y los servicios públicos en general que provienen de políticas provenientes de la UE, la primera es el intento por parte de la Comisión de imponer una rebaja de 8.000 millones en el gasto público (que previsiblemente supondrían una repercusión de al menos un 30% de esta cifra en recorte adicional sobre los presupuestos sanitarios) y la segunda son las negociaciones del TTIP que en los términos conocidos significaría un refuerzo de las privatizaciones sanitarias y un refuerzo de las políticas de las multinacionales farmacéuticas (patentes, etc). Para enfrentar estas amenazas hace falta un Gobierno de defienda los intereses de la población  y sus derechos por encima de la deuda o de los beneficios de la multinacional.

           Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) entendemos que es necesario recuperar la calidad de nuestro sistema sanitario y devolverle el alto aprecio que le merece a los ciudadanos para  lo que es necesario poner en marcha las siguientes medidas:

 1. Cambios legislativos
-       Modificar la Constitución española para incorporar los derechos a la protección de la salud y a la asistencia sanitaria en la sección primera o segunda del Capítulo 2.
-       Derogar el RD Ley 16/2012 y recuperar el derecho a la asistencia sanitaria para inmigrantes y colectivos de ciudadanía española hasta ahora excluídos (Universalizar el derecho a la asistencia sanitaria), eliminando los copagos que estableció.
-       Suprimir a efectos sanitarios las Mutualidades de Funcionarios (MUFACE, MUGEJU, ISFAS), integrándolas en el Sistema Nacional de Salud (SNS)
-       Reformar la Ley General de Sanidad (LGS) para establecer los contenidos y las condiciones básicas para prestar en España una asistencia sanitaria universal, accesible, amplia y pública
-       Derogar la Ley 15/97 y el artículo 90 de la LGS para poder revertir al sistema sanitario público los centros y servicios privatizados y garantizar por ley la provisión sanitaria pública en el SNS
-       Incluir la salud laboral en el sistema sanitario público
-       Garantizar el cumplimiento de leyes actualmente en vigor como Ley 33/2011, General de Salud Pública, la Ley 17/2011, de 5 de  de seguridad alimentaria y nutrición, etc

2. Mejoras en la financiación
-       Incrementar la financiación un punto más del PIB, para aproximarnos al promedio de los países europeos
-       Separar la financiación a la sanidad de la financiación destinada a otras competencias (financiación sanitaria finalista)
-       Reforzar los fondos de cohesión entre CCAA;  garantizar su distribución en función del cumplimiento de objetivos básicos del SNS, garantes de la universalidad y la igualdad de la atención sanitaria
-       No implantar nuevos copagos o tasas
-       Eliminar las desgravaciones fiscales por la contratación de seguros de asistencia sanitaria privada, tanto de las empresas como de particulares
-       Potenciar la Agencia Única de Compras
-       Favorecer las medidas destinadas a mejorar la prescripción farmacéutica y los excesos en el consumo de medicamentos (reducir el gasto farmacéutico).

3. Mejorar los mecanismos de coordinación para gobernar el SNS
-       Toda la población española tendrá derecho a la asistencia sanitaria y constituirá una base de datos única, custodiada por el Ministerio de Sanidad
-       Un documento único, válido para toda España, interoperable en todas las CCAA, acreditará el derecho a la asistencia sanitaria (tarjeta sanitaria única)
-       Establecer las competencias del Estado y de las CCAA en todas las materias asistenciales y de salud pública
-       El Consejo Interterritorial de Sanidad deberá tener un papel determinante en la planificación sanitaria, en las políticas de personal, en el reconocimiento de las prestaciones asistenciales básicas y en la redistribución de la financiación
-       Aprobación del Plan Integrado de Salud
-       Articular y potenciar los centros de referencia supracomunitarios.

 4. Incrementar la eficacia de los servicios sanitarios
-       Garantizar el carácter público de los servicios sanitarios (titularidad, financiación y gestión). Los recursos privados tendrán un carácter complementario
-       Las modalidades de gestión de los centros (pública-pública, gestión clínica u otras) deberán mantener a los centros sanitarios como únicas entidades  de gestión, lo cual permitirá el mantenimiento integrado de los centros del SNS
-       La presupuestación y gestión de los centros del SNS (también los centros concertados o privados) estarán sometidos a un sistema unificado de información
-       Incrementar la capacidad resolutiva de la atención primaria y favorecer la utilización a pleno rendimiento de los hospitales
-       Crear una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias del SNS
-       Las Administraciones Públicas evitarán acuerdos con la industria farmacéutica que supongan compromisos de gasto por parte del SNS
-       Profesionalizar la gestión. Desvincular la gestión de los ciclos políticos.

5. Desarrollar una política de personal sanitario motivadora
-       Recuperar las dotaciones de personal previa a los recortes para optimizar el funcionamiento de centros cerrados y de camas eliminadas
-       Promover la estabilidad en el empleo y las remuneraciones justas
-       Favorecer el desarrollo de las carreras profesionales y la variedad en los itinerarios de dedicación y en los tipos de incentivos
-       Mejorar la formación postgraduada, dotandola de presupuestos suficientes
-       Incorporar a la universidad la Atención Familiar y Comunitaria.

6. Favorecer la transparencia y la participación en la gestión del SNS
-       Establecer un Sistema de Información Sanitaria con indicadores homogéneos en todos los servicios de salud y en todas las CCAA, sensible para detectar cambios y discreccional en su recogida y publicidad
-       Hacer pública la evolución de las listas de espera, de forma continuada, obtenidas con criterios homogéneos en todas las CCAA y servicios que prestan asistencia sanitaria al SNS, según criterios de prioridad asistenciales y eliminando listas ocultas de pacientes
-       Desarrollar órganos de participación y control social y profesional. Dotar a los centros sanitarios de órganos de gobierno donde participen representantes de la población, y de una Junta Asistencial colegiada y deliberante
-       Incluir las líneas básicas de una estrategia de Promoción de la Salud: intervenir y modificar los determinantes sociales a través de la participación ciudadana y la ampliación de la democracia institucional
-       Proporcionar recursos públicos para la I + D, independientes de las multinacionales farmacéuticas y tecnológicas. Poner mayor énfasis en el control, en las relaciones y en las alternativas al actual modelo de industrialización del sector.

La supervivencia del Sistema Sanitario Público exige  un cambio drástico en las tendencias hegemónicas de los últimos años, protagonizadas por los gobiernos del PP. Los partidos que salgan de las próximas elecciones parece que con casi toda seguridad van a  necesitar pactos para gobernar.

En la FADSP pensamos que son prioritarios los acuerdos para mejorar la Sanidad Pública y las políticas sociales como instrumentos necesarios para reducir las desigualdades. Pensamos que se deben promover políticas públicas como las que hemos sugerido para combatir  la acumulación y el individualismo y para favorecer la redistribución de la riqueza, la solidaridad y la salud de la población.
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP)

12 de juny de 2016

dimarts, 24 de maig de 2016

En Comú Podem, conjuntament amb la resta del grup parlamentari, defensa la regulació del copagament farmacèutic segons la renda dels usuaris, un pla d’emergència per les classes socials més desfavorides


En Comú Podem, conjuntament amb la resta del grup parlamentari, Podemos – En Marea, ha defensat a la Comissió de Sanitat al Congrés que el Govern reguli el copagament farmacèutic segons la renda dels usuaris, amb l’objectiu de posar en marxa immediatament un pla d’emergència per les classes socials més desfavorides.
És a dir, establir uns límits màxims trimestrals de copagament a la població activa: aquells que tinguin una renda anual inferior a 12.450 euros no haurien de pagar; amb renda anual entre 12.450 euros i 20.200 euros s'hauria d’abonar un màxim de 24,69 euros per trimestre; i per aquells que cobren entre 20.200 i 35.200 euros, el límit serà de 55,56 euros al trimestre.....  
... a Podemos – En Comú Podem- En Marea “tenim clar que el copagament farmacèutic és un impost intolerable a un país com el nostre”. En aquest sentit, Marta Sibina ha assegurat que el grup parlamentari “és conscient de que encara no té la força suficient per posar fi al copagament” i per això avui proposa "reduir l’impacte del desastre causat per decisions presses en aquesta cambra”.
A la vegada, En Comú Podem exigeix que s’estableixi “de forma immediata” un mecanisme d’avaluació periòdica dels copagaments que permeti identificar els col·lectius amb major risc de patir la denominada ‘pobresa farmacològica’, com és el cas de les persones menors de 65 anys que tinguin una malaltia crònica i no arribin a la renda mínima. Marta Sibina ha recordat a la Comissió que “les persones de classe baixa tenen 5 vegades més risc de no poder accedir als medicaments per motius econòmics”... http://www.euia.cat/pagina.php?idp=11197
 
Cal fer arribar a totes les persones, que sense la oportuna oposició a lleis, reglaments i normes injustes com el copagament , cada vegada vegada estem mes lluny del punt on es fa el gir cap a la sanitat socialment eficient. El paradigma de l'eficiència econòmica  no ens ha d'entelar la visió del món que defensa els drets humans. El copagament i les mesures associades (llistes de espera, medicalització de la vida, tecnologia innecesaria) són el problema i no la solució.